jueves, 19 de julio de 2012


Un equipo multidisciplinario georeferencia sitios de entierro de desaparecidos



Visto en revista PIEB 2012-07-18

  
Una nueva metodología sobre la investigación para la búsqueda y esclarecimiento de las desapariciones forzadas en tiempos de dictadura, de 1964-1982, es trabajada por un equipo de antropólogos forenses, arqueólogos y sociólogos, con el propósito de encontrar los cuerpos y entregarlos a sus familiares. Hasta ahora se pudo georeferenciar puntos de entierro y se identificaron los restos de nueve personas. Gracias a este procedimiento, en cuatro casos ya hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el resarcimiento económico a las familias.

Se trata de una metodología que consiste en la revisión histórica y la contextualización de los sucesos en cada gobierno militar, con el propósito de obtener indicios para la búsqueda de las personas desaparecidas en ese periodo, dijo al Periódico Digital PIEB el antropólogo forense Luis Castedo Zapata, docente investigador del Instituto de Investigaciones Arqueológicas Antropológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

El punto de partida es la recuperación hemerográfica de los sucesos de gobiernos militares (lugares de detención, denuncias), entrevistas a familiares y el análisis de declaraciones registradas ante la Fiscalía a partir de 1983, cuando finalizaron los gobiernos de facto.

“Juntamos esos datos, hacemos cruce de todas las variables y llegamos a datos aproximados para hacer incursiones en campo, para georeferenciar los puntos donde se hará la extracción de restos óseos o, en términos legales, la exhumación. Hasta el momento se han podido entregar ocho a nueve cuerpos a familiares, en más o menos cuatro casos ya ha habido sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el resarcimiento económico a las familias”, explicó Castedo.
Las investigaciones continúan por gestiones del Ministerio de Justicia, Fiscalía General y la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASOFAMD), que formaron el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas en tiempo de Dictadura. Las investigaciones comenzaron con especialistas argentinos que se encargaron específicamente del peritaje forense, la búsqueda, excavación y los análisis genéticos.

A diferencia de los investigadores policiales que buscan responsables para enjuiciar, los antropólogos, arqueólogos y sociólogos tienen la meta de encontrar los restos de los desaparecidos, una ventaja metodológica pues las fuentes se abren más ante un equipo técnico que ante un abogado y confían en que se guardará su anonimato, comentó Castedo en entrevista con el Periódico Digital PIEB.

Una vez que se tiene un punto georeferenciado, comienza la cadena de custodia con los restos humanos que implica la participación de los policías y fiscales. ¿Se puede detectar si un cuerpo fue torturado? El antropólogo afirmó que eso es difícil porque, por ejemplo, en el caso de Teoponte, que es zona húmeda y cabecera de trópico, los restos óseos están degradados.

Según la lista oficial de ASOFAMD, cerca de 150 personas fueron desaparecidas durante los gobiernos militares y desde 1983 se recuperaron una veintena de cuerpos debido a exhumaciones inmediatamente posteriores a la caída de los dictadores. Actualmente el equipo técnico tiene ocho casos abiertos que sólo cerrarán con la restitución de los cuerpos a los familiares.

Castedo confía que el trabajo desarrollado hasta ahora sirva de base para armar una metodología de búsqueda de casos de desapariciones recientes.
El antropólogo forense y docente universitario Luis Castedo Zapata puede ser contactado en el correoluiscastedoz@gmail.com

miércoles, 4 de julio de 2012


Atlas de Megaproyectos de Infraestructura en Bolivia

Atlas de Megaproyectos de Infraestructura en Bolivia
El Centro de Estudios  Aplicados  a los Derechos Económicos,  Sociales y Culturales - CEADESC,  presenta el “Atlas de Megaproyectos de Infraestructura en Bolivia” para las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar del debate sobre los procesos de integración regional. Es una herramienta destinada especialmente al fortalecimiento de las comunidades locales, organizaciones y pueblos indígenas, para la defensa y ejercicio de sus derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra.
Se trata del más importante proyecto extractivista, colonizador, global capitalista del siglo XXI, que conecta entre sí a los nuevos motores de la dinámica económica liderada por Brasil,  India y China con los sectores de negocios de los países del continente, más que “integrar”  a los pueblos sudamericanos. Los movimientos sociales del continente y la dinámica política sepultaron el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que era la superestructura de la IIRSA, pero paralelamente a cambios políticos en el subcontinente, la Iniciativa continuó su propio proceso, e incluso se aceleró de la mano de gobiernos populares que expresaban la dinámica contestataria de la primera década del siglo. Tal el caso boliviano mostrado a través de algunos ejemplos.



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Atlas de Contratos Petroleros en TCO y Municipios de Bolivia

A través de esta publicación el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos  Económicos Sociales y Culturales (CEADESC) pone a disposición del lector el Atlas de Contratos Petroleros en Tierras Comunitarias de Origen y Municipios, un documento de referencia informativa para los ciudadanos y organizaciones interesados en participar y ejercer vigilancia sobre la gestión pública de la industria del gas y petróleo en Bolivia

El contenido del “Atlas de Contratos Petroleros en Tierras Comunitarias de Origen y Municipios de Bolivia”, está dividido en tres partes: “Contratos Petroleros en Tierras Comunitarias de Origen”; “Contratos Petroleros en Municipios y Departamentos” y “Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos 3058 que reconocen los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Las dos primeras partes fueron elaboradas en base a los “44 contratos petroleros” (aprobados mediante leyes correspondientes por el Congreso Nacional), cuyas áreas de contrato fueron sobrepuestas a las jurisdicciones territoriales de los municipios y de las TCO existentes y demandadas en Bolivia.En la primera parte, “Contratos Petroleros en Tierras Comunitarias de Origen”, se muestran los mapas correspondientes a cada una de las TCO en Bolivia, en cuyos territorios se identificaron contratos petroleros; en cada mapa se adjuntan cuadros explicativos de los contratos petroleros que se sobreponen a la TCO, detallándose principalmente la ubicación de la TCO y de las empresas petroleras, con las que el Estado boliviano firmó los contratos, tipo de contrato, tiempo de duración del contrato, número de parcelas, TCO y municipios influenciados por el área del contrato.
La segunda parte, “Contratos Petroleros en Municipios y Departamentos”, muestra mapas de los contratos petroleros que se sobreponen a las jurisdicciones territoriales de los municipios; describiéndose en cuadros adjuntos, características principales de los contratos petroleros, tales como nombre de la(s) empresa(s) petrolera(s) con la(s) que el Estado boliviano firmó los contratos, tipo de contrato, tiempo de duración del contrato, numero de parcelas, TCO y municipios influenciados por el área del contrato. Se observarán 61 mapas que corresponden a los “44 contratos petroleros”, debido a que más de un contrato petrolero cuenta con diversas áreas de contrato, incluso algunos contratos tienen áreas en diferentes departamentos del país, como es el caso del Contrato Ley 3675 con la Empresa Chaco (Mapas N° 74 al 81). Así mismo se presenta un cuadro resumen “Empresas y Contratos Petroleros por Departamento” describiéndose principalmente el área de contrato, tipo de contrato, superficie del área en hectáreas y parcelas de cada contrato.
En la tercera parte se presentan “in extenso”, los Decretos Supremos correspondientes a lo establecido en los Títulos VII y VIII de la Ley de Hidrocarburos Nø 3058 aprobada el 17 de mayo de 2005: y el “Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas para las actividades hidrocarburíferas” (D.S. Nº 29033) , “El Reglamento de Monitoreo Socio-Ambiental en actividades hidrocarburíferas dentro el territorio de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas” (D.S. N° 29103). El primero establece “las disposiciones y procedimientos para el proceso de Consulta y Participación a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas en sus tierras comunitarias de origen, propiedades comunarias y tierras de ocupación y acceso” ; mientras que el segundo, establece “las atribuciones, los procedimientos y mecanismos del monitoreo Socio – Ambiental, a todas las actividades hidrocarburíferas que tengan influencia en los territorios de los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas”.
Finalmente para facilitar la comprensión de los términos que se utilizan en los cuadros explicativos y en los mapas, se incluye un glosario de términos y definiciones extractados de los contratos petroleros y de la Ley de Hidrocarburos 3058.
Para solicitar un ejemplar de la presente publicación escribir a la siguiente dirección de correorontiveros@ceadesc.org detallando nombre, organización y dirección completa. Este material es gratuito pero el solicitante deberá pagar el costo de envió.